Desde el 20 de junio del presente año, hay huelga magisterial en el Perú. Desde entonces –en opinión de algunos medios de comunicación y de algunas autoridades del Ministerio de Educación (MED)- se vienen diciendo muchas afirmaciones que –más allá de posibles opciones ideológicas- carecen de objetividad. La desinformación condiciona el encontrar soluciones a una huelga donde los principales afectados son nuestros Niños y Niñas y –con enfoque estratégico- impacta en generar condiciones para el mismo desarrollo del país, con una población de bajos niveles educativos.

Pongamos algunos puntos sobre las íes de lo que está sucediendo en esta huelga magisterial, en la perspectiva de superar la actual situación. Hagámoslo de manera didáctica como preguntas y respuestas.

MOVIMIENTO HUELGUÍSTICO: SUS RAZONES

¿Podemos tener un criterio de relativo consenso para superar el actual movimiento huelguístico magisterial?

Para algunos la huelga del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) recién ha comenzado el 05 de septiembre del presente año. Y esto no es así. El movimiento huelguístico magisterial se inició el 20 de junio y se está desarrollando en tres momentos, como se verá más adelante.

Para superar este problema -que no solamente está afectando a los estudiantes, sino que pone en riesgo a positivos cambios embrionarios que se estaban gestando en el Sector- pensamos que sí podría darse un criterio de relativo consenso. Este es: Asumir que la educación es un derecho y que la práctica educativa es interacción de sujetos-históricos (de carne y hueso): sujetos que aprenden (los estudiantes) y sujetos que enseñan (los docentes).

¿Por qué hablar de sujetos históricos?

Porque la actual situación involucra a personas concretas, en un contexto específico e histórico del país. En este marco, no podemos -por ejemplo- hacer una ley para la “docencia” en abstracto; sino para estos docente realmente existentes, dentro de un momento histórico del Perú. Desconocer esta historicidad puede llevarnos a muy alegremente postular que en una “evaluación de desempeños”, los docentes que salgan mal en una prueba (por tres veces consecutivas), pierden su estabilidad laboral. En concreto, esta medida llevaría a retirar del trabajo a docentes peruanos con una media de edad de 44-45 años, con unos 20 años de nombrados por el mismo Estado que ahora los desecha, con dificultades para estudiar y probablemente con hijos y/o hijas culminando su secundaria y buscando proseguir estudios superiores. Si asumo el “criterio humanista de sujetos” tendría que buscar un equilibrio para respetar el derecho a la estabilidad laboral de quienes enseñan con esas características históricas, pero también el derecho a tener un buen profesor/a de los sujetos que aprenden.

¿Qué razones iniciales desencadenaron el movimiento huelguístico magisterial?

En varias reuniones que hemos participado con docentes en muchos lugares del país, por los meses de abril a junio se barajaban tres razones para ir a la huelga: (1) Pago de la deuda social al magisterio; (2) Aumento inmediato de remuneraciones; y (3) No a la Ley 29062 de c. Con estas tres razones de fondo, se inició el movimiento huelguístico magisterial, el 20 de junio del presente año.

¿Siguen siendo ahora las mismas razones del inicio?

El 07 de agosto del presente año, el Ejecutivo presentó su proyecto de Ley de Reforma Magisterial que en lo sustantivo es semejante a la impuesta Ley Nº 29062 de Carrera Pública Magisterial promulgada por el Gobierno del Dr. Alan García (1). Esta semejanza determinó que el magisterio también incluyese en sus reivindicaciones la negación de este proyecto de Ley de Reforma Magisterial.

De manera interesante, los docentes –ahora- tienen consenso en los dos primeros puntos (pago de la deuda social y aumento remunerativo). En el tercer punto, la oposición a la vigente Ley 29062 y al proyecto de Ley de Reforma Magisterial es mayoritaria; pero hay división respecto a la alternativa. El Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP (CEN-SUTEP) tiene su propia propuesta, pero viene creciendo muchísimo el número de docentes de base que piden la continuidad de la también vigente Ley del Profesorado, aceptando algunas modificatorias.

¿Es justo el requerimiento de la llamada “deuda social al magisterio”?

A la fecha, tenemos un estimado de 404,798 docentes activos y cesantes vivos que tienen derechos adquiridos en la vigente Ley del Profesorado. De ellos, hay no menos de 55,000 maestros activos y cesantes que han enjuiciado al Estado, por no haberles pagado muchos beneficios de la citada Ley aún vigente, desde el año 1991, destacándose el 30% de Bonificación especial por preparación de clases (2). De manera interesante, existen unos 11,000 casos de juicios ya ganados por los docentes a nivel nacional y –en algunas regiones del país- se ha comenzado a pagarles. Aún más, en el Congreso existen tres proyectos de Ley reconociendo este derecho (uno de los proyectos fue presentado por el Partido de Gobierno).

Las actuales autoridades del MED pidieron que cada Dirección Regional de Educación calculase los costos de esta deuda (Oficio Múltiple Nº 013-2012-ME/SPE-UP) y aún más (en la III Reunión: Alta Dirección del MED – Gobiernos Regionales del 13-06-2012) acordaron: “… 2: Reconocer que existe una deuda con el magisterio (bonificación por preparación de clases y evaluación, gratificación por tiempo de servicios 20, 25 y 30 años, y subsidio por luto y gasto de sepelio) que debe ser ejecutada en los términos que se dispongan en la norma correspondiente: creándose un fondo para tal efecto”. Es decir, el mismo MED reconoció la justicia de la deuda social al magisterio y alentó expectativas que ahora se niega a plasmar.

¿De qué montos estamos hablando?

De acuerdo a nuestros cálculos, la deuda llega a unos 224,316 docentes activos de la Ley del Profesorado (55.4%), y a unos 180,482 docentes cesantes aún vivos (44.6%) que se ha retirado dentro de esta Ley. La deuda total a estos 404,798 docentes es de cerca de los 20 mil millones de soles y equivale al pago de todos los maestros activos 2012, durante cerca de 42 meses.

La deuda mínima por docente la hemos estimado en 15,657 nuevos soles y la máxima en 82,200 nuevos soles. El promedio de lo adeudado por docente sería de unos 47,939 nuevos soles.

Investigando sobre este tema, nos ha llamado la atención de que el pago de esta deuda aparece como reivindicación prioritaria para los docentes. Hemos indagado sobre esta prioridad y tenemos indicios para afirmar que el docente con unos 1087 nuevos soles de remuneración al mes, anda muy adeudado con préstamos. Por ello, en el imaginario docente, un monto de plata fresca le resulta algo importante en el corto plazo.

¿Será atendible la deuda al magisterio?

El problema es doble: (a) Pagar la deuda atrasada y (b) La continuidad del pago, si no se deroga la Ley del Profesorado. Lo último significaría una continuidad remunerativa de un promedio de 326 nuevos soles para los 224,316 docentes activos que aún continúan en la Ley del Profesorado. Por eso, la derogatoria de esta Ley tendría que darse con un aumento, en adelante, superior a los 326 nuevos soles para ser atractiva.

Dentro de este marco, nos parece que sí es atendible la justa reivindicación magisterial, negociando un cronograma de pagos y regularizando los desembolsos que algunos Gobiernos Regionales han venido y vienen ejecutando, con fondos de canon, para pagar la deuda.

¿Es justo el pedido de incremento remunerativo?

Cuando se promulgó la nueva Ley 29062 en junio 2007, había unos 251,763 docentes bajo el régimen de la Ley del Profesorado. De este total: unos 24,966 se pasaron a la nueva Ley 29062 y unos 2,481 pasaron a la condición de cesantes o fallecieron. Por ello, estimamos que todavía tenemos unos 224,316 docentes en servicio que pertenecen a la Ley del Profesorado.

Una manera de “chantaje” para que los docentes de la Ley del Profesorado se incorporasen a la Ley 29062 de Carrera Pública Magisterial fue el congelamiento de sus haberes. Como que se decía a los docentes: “¡Si quieres aumento, pásate a la nueva Ley!”. Estando vigente dos regímenes laborales de manera paralela, en la misma institución educativa se encuentran docentes que con similar trabajo ganan diferente, pues los de la nueva Ley tienen haberes superiores.

Quienes se encuentran en la Ley del Profesorado (un 84% del magisterio nacional) han perdido un 15.2% de su poder adquisitivo de julio 2006 a septiembre 2012. Es decir, si actualmente se diese un aumento “flat” a todos ellos de unos 230 nuevos soles, solamente se conseguiría nivelarlos al poder adquisitivo que tenían en julio-2006.

Ciertamente la remuneración líquida mensual de 1087.29 nuevos soles del promedio de los docentes peruanos es menor a la de un ambulante con cierto éxito. Aún más, esta Remuneración Docente (RD) sumada a la de su cónyuge nos llevaría a un Ingreso Familiar Docente (1.6RD) equivalente al 66% del valor de la Canasta Familiar de un hogar de clase media baja (unos 2800 nuevos soles).

Hasta las autoridades del Sector han reconocido la justicia de un aumento salarial. En la III Reunión: Alta Dirección del MED – Gobiernos Regionales del 13-06-2012 también se acordó: “… 3. Solicitar un crédito suplementario para el ejercicio fiscal 2012 que signifique un incremento económico para los docentes…” Algunas preguntas a nuestros amigos/as del MED serían: ¿Por qué se firman acuerdos que no se cumplen? ¿Por qué actualmente se condiciona aumentar remuneraciones a los docentes, siempre y cuando acepten la nueva Ley de Reforma Magisterial? ¿No es el mismo estilo del Gobierno anterior y, por ello, el magisterio tiene la sensación de un continuismo en las políticas educativas y magisteriales?

¿Y qué está pasando en el campo de la regulación de la Carrera Pública Magisterial (CPM)?

Deberíamos distinguir lo que existe en materia de normatividad sobre CPM; y lo que algunos postulan que podría ser una nueva situación.

Lo que existe son dos leyes que regulan la CPM y esto está generando situaciones insostenibles a nivel de base y situaciones poco manejables en el campo de la administración. ¿Qué se plantea ante esta situación?

Hay un sector minoritario –ligado al Gobierno anterior y a profesionales que, vía consultorías, elaboraron los borradores de la Ley 29062- que postula continuar con la dualidad normativa, con algunos ajustes en la Ley antes mencionada.

Sin embargo, la mayoría de grupos acepta tener un solo régimen laboral en el magisterio,

¿Hay una mayoría que postula tener un solo régimen laboral?

¡Tenemos esa percepción! El problema está en ¿cuál sería el régimen unificador?

Para las autoridades del MED, del Ejecutivo en general, de sectores del Congreso Nacional de la República y de algunos lúcidos neoliberales, el régimen unificador se contempla en el proyecto de Ley de Reforma Magisterial.

Para el CEN-SUTEP y un sector del magisterio, el régimen unificador está en la “Nueva Ley del Profesorado” que ha presentado el Gremio, a través del Colegio de Profesores del Perú dirigido por el profesor Manuel Rodríguez.

Para otro sector del magisterio ligado al CONARE (3) y a grupos democráticos, la unificación debería darse teniendo como eje la vigente Ley del Profesorado 24029 (diciembre 1984), con su modificatoria, Ley 25212 (mayo 1990).

¿Por dónde avanzar?

Nuestro punto de vista es que la Ley del Profesorado 24029 y su modificatoria tiene un enfoque unilateral (solamente pone énfasis en los derechos de los sujetos que enseñan). De igual manera, la Ley 29062 y su continuidad en el proyecto de Reforma Magisterial pone énfasis en los derechos de los sujetos que aprenden, sin un adecuado equilibrio de respeto a los derechos de quienes enseñan.

De acuerdo al acompañamiento que tenemos acerca de la dinámica magisterial, creemos que del año 2000 al 2006 había una mayoría docente que aceptaba cambiar la Ley del Profesorado. En la medida que en el 2007, se impuso la Ley 29062 que lesionaba los derechos docentes, los maestros se replegaron en la Ley del Profesorado. Con el Gobierno de Ollanta se creó una esperanza de una nueva Ley que no disminuyese los intereses docentes; pero ha salido un proyecto que –en lo central- da continuidad a la ley impuesta por el Gobierno anterior, aunque positivamente unifica los regímenes laborales y tiene previsiones de un relativo ordenamiento remunerativo de los docentes.

¿Alguna salida en relación a las leyes de CPM?

En el Congreso de la República, se está debatiendo la nueva normatividad sobre CPM. Hay hasta tres proyectos, sin embargo se prioriza la aprobación de la propuesta del Ejecutivo: Reforma Magisterial. Nos parece que lo sensato es postergar la aprobación del necesario proceso de unificación de regímenes laborales de los maestros y maestras. Promulgar el nuevo dispositivo del Ejecutivo, cuando el magisterio se encuentra en huelga, suena a imposición. No solamente huele a similitud en los contenidos que se norman, sino continuismo en las estrategias impositivas usadas por el anterior Gobierno.

Esta prudencia es mucho más importante, cuando un fracaso ahora en políticas magisteriales pondría en juego a los equipos de dirección de la actual administración del MED y con su sustitución podrían enterrarse las embrionarias posibilidades de cambio en el Sector que se han gestado en los últimos 14 meses.

IMPACTO EN LOS EDUCANDO Y MOMENTOS DE LA HUELGA.

¿Será verdad que solamente llevamos dos semanas de protesta magisterial, como dice la Ministra Patricia Salas?

Efectivamente -según el diario “El Comercio” (Lima, 23-09-2012, p. a11)- la Ministra Patricia Salas habría dicho: “Tenemos ya dos semanas de protesta y nos parece muy preocupante para lo que significa el derecho de los niños a estudiar. Más aún porque estamos cerca de fin de año. Esperamos que los dirigentes (del SUTEP) reflexionen sobre la medida que están realizando”

Evidentemente con una mirada centralista, formalista y elitista, tendríamos que coincidir con la Ministra de Educación. De hecho, en Lima, la huelga comenzó el 5 de septiembre; pero en la mayoría de regiones del interior del país, el movimiento huelguístico comenzó el 20 de junio. Efectivamente, la oleada huelguística iniciada hace cerca de tres semanas fue decretada por el CEN del SUTEP, legalmente reconocido, pero por disposición y acuerdo de las bases magisteriales y no por simple capricho de sus dirigentes.

¿Y a cuántos estudiantes está afectando esta huelga magisterial?

Depende de quién lo diga. Un periódico de alcance nacional, trajo como titular al inicio del mes de septiembre que la huelga decretada por el CEN del SUTEP a partir del 5 de septiembre, impactaría en más de 8 millones de estudiantes. Evidentemente era un alarde de desinformación. El total de estudiantes del Perú (sin contar a los de universidades) llegó a los 8’380,838 el año pasado (2011); pero de ellos, solamente 6’204,721 están en el sector público donde se está produciendo el movimiento huelguístico magisterial.

¿Quiere decir que la huelga magisterial está impactando a unos 6 millones de estudiantes?

Estimamos que el número de afectados –de manera directa- está llegando a unos 3`972,021 Niños y Niñas, condicionados por los tres momentos que tiene el presente movimiento magisterial. Este 62% de estudiantes ciertamente mermarán en sus aprendizajes, aunque haya “recuperación de clases”.

No solamente hay pérdida de sesiones de aprendizaje, sino ejemplos criticables que quedan gravados en los estudiantes: Docentes que dicen estar en huelga, pero están firmando asistencia; medios de comunicación que magnifican hechos como la quiebra de lunas en el local del MED por parte de docentes en huelga; etc.

Pero, el total de estudiantes a quienes la huelga ha impactado no ha sido simultáneo. Depende del momento huelguístico y de la dirigencias que comandan cada uno de esos momentos.

¿Cuál ha sido el primer momento de la huelga magisterial?

Comenzó el 20 de junio con un acatamiento del un 25% del magisterio peruano en unas 14 regiones del país. La campaña mediática de que todos estos docentes del SUTEP -organizados en el CONARE, bajo la batuta del profesor Efraín Condori de Puno- eran miembros del MOVADEF hizo retroceder este nivel de acatamiento en 6 regiones y una semana después se estabilizó en un 22% de acatamiento. O sea, unos 73,725 docentes estuvieron en huelga hasta el 12 de agosto, en unas 8 regiones del país.

¿Todos estos docentes son del MOVADEF y de Sendero?

¡De ninguna manera! Seguramente esta opción existe en algunos docentes minoritarios y, dentro de éstos, en algunos dirigentes. Por ello, es peligroso confundir las opciones político-ideológicas del maestro de base con las de sus dirigencias gremiales.

En las elecciones presidenciales del 2006, el 14.7% del magisterio de base votó por Lourdes Flores Nano; pero el PPC (UN, entonces) no tenía ninguna representación dirigencial en el SUTEP de entonces (ni de ahora). En las mismas elecciones del 2006, el 2.4% de los docentes de a pie votaron por Alberto Moreno del MNI; sin embargo, la casi totalidad del CEN del SUTEP tenía la opción del candidato Moreno.

Importa, entonces, diferenciar las opciones políticas de los docentes de base y las de sus dirigencias. En este sentido, existe una peligrosa desinformación y error de quienes –sin mayor análisis- confunden que “Docentes que iniciaron la huelga el 20 de junio” = “Docentes del CONARE” = “Docentes pertenecientes al MOVADEF” = “Docentes senderistas”. Se trata de tremendismo peligroso, sin ocular que puede haber maestros/as de esas tendencias.

¿Consiguieron algo los docentes del primer momento huelguístico?

Los docentes del primer momento huelguístico suspendieron su huelga el 12 de agosto, tras la firma de una “Acta por el Diálogo”, con representantes del Ministerio de Educación. El mismo título del documento ya señala que los docentes solamente consiguieron una promesa de “diálogo” para debatir los puntos reivindicativos con las autoridades nacionales.

Sin embargo, en varias regiones, obtuvieron logros puntuales. Y políticamente han conseguido mantenerse como “interlocutores” relativamente válidos ante las autoridades regionales y –en menor medida- ante las autoridades nacionales.

¿Y cuál es el segundo momento de la huelga magisterial del 2012?

Se inicia el día 15 de agosto del 2012, teniendo un acatamiento del 3% a nivel nacional, básicamente y de manera parcial en las regiones de Huancavelica y Junín.

Este segundo momento también se encuentra dirigido por el CONARE, pero por la facción que encabeza el profesor Robert Huaynalaya.

Ha cobrado relativo protagonismo al coincidir su lucha con la huelga decretada por el CEN-SUTEP donde Lima Metropolitana es un baluarte. Y además por las acusaciones de romper lunas en el local del Ministerio de Educación.

¿Y el tercer momento del movimiento huelguístico?

Ciertamente es el más serio por cuatro razones: (a) Está dirigido por el CEN-SUTEP legalmente reconocido; (b) ha tenido un período de gestación consistente y formal; (c) destaca el mayor acatamiento del magisterio nacional; y (d) tiene una propuesta de nueva Ley del Profesorado.

Dentro de la dinámica social, el CEN SUTEP -dirigido por el profesor René Ramírez Puerta- ha mantenido un perfil hasta cierto punto complaciente con las autoridades del Sector, hasta agosto del presente año.

En la medida que era la representación gremial legalmente reconocida, formalmente aparecía como “gremialmente negociando” con la Alta Dirección del MED: ¡Era la contraparte legalmente válida ante las autoridades!

El CEN-SUTEP esperó que el Día del Maestro (6 de julio) se hiciesen anuncios de aumentos al magisterio y de una nueva Ley del Profesorado, que superase los vicios de la Ley 29062. Pero, ese día nada sucedió. Tampoco para el aniversario patrio (28 de julio). Y el 07 de agosto, el MED y el Ejecutivo hicieron público el proyecto de Ley sobre Reforma Magisterial.

La propuesta del MED y del Ejecutivo tomó distancia del proyecto del CEN-SUTEP y aún más –como hemos dicho- daba continuidad a los ejes que el magisterio venía criticando en la Ley 29062. La reacción del CEN-SUTEP aún fue de cautela. Solamente inició la X Huelga del SUTEP cerca de un mes después, el 05 de septiembre.

¿Qué acatamiento hay en el tercer momento huelguístico?

De acuerdo a nuestras fuentes, hay unos 140,747 docentes en huelga actualmente, con tendencia creciente. Ellos representan el 42% del magisterio nacional.

¿Es bajo este nivel de acatamiento?

Hay algunos condicionamientos que importa recordar. En el sector público, tenemos: (a) Unos 82,196 docentes contratados; (b) Unos 24,966, dentro de la nueva Ley de CPM, Ley 29062; y (c) Unos 73,725 docentes que estuvieron en huelga en el primer momento y “están desgastados”. Es decir –como tendencia general- se tendría a unos 180,887 docentes que no estarían dispuestos a la huelga en el tercer momento. Solamente unos 154,227 tendrían disposición a la paralización. Sin embargo, un 91.3% de este potencial de docentes para la huelga, se encuentra acatándola en estos momentos.

¿Pero el daño a los estudiantes es inmenso?

¡Así es! Como hemos dicho, estimamos que el número de afectados –de manera directa- está llegando a unos 3’972,021 Niños y Niñas, condicionados por los tres momentos que tiene el presente movimiento magisterial. Este 64% de estudiantes ciertamente mermarán en sus aprendizajes, aunque haya “recuperación de clases”.

¿Hay algunas sugerencias para salir de esta situación?

Hemos venido planteando tres medidas que se articulan entre sí:

a) Formalización inmediata de la deuda social al magisterio. Para ello, el Ejecutivo debería pedir al Congreso de la República para que discuta los proyectos de Ley que están encarpetados. Allí se debería reconocer la deuda; cronogramar su pago; y regularizar los pagos que vienen haciendo algunos Gobiernos Regionales.

b) Dar un incremento “flat” inmediato no menor a los 326 nuevos soles, para no tener problemas con la derogación de la Ley del Profesorado. Este aumento debería financiarse con el presupuesto ya previsto (desde octubre) para la aplicación de la proyectada Ley de Reforma Magisterial.

c) Postergar la aprobación de la proyectada Ley de Reforma Magisterial por algunas razones como: evitar la imposición de leyes al magisterio nacional y buscar algunos niveles de consenso en la nueva ley que regule la CPM.

¿Qué sucedería si no se buscan soluciones inmediatas?

Ante todo, nuestros educandos serían los perjudicados. Pero, significaría también el fracaso de las actuales autoridades del Sector. Y ante esta situación, se podría vislumbrar el relevo de autoridades, poniendo en riesgo los embrionarios cambios en la educación de nuestra Patria.

 

 

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(1) El proyecto de Ley inicialmente fue llamado por el MED como de “Desarrollo Docente”; sin embargo, fue entregada al Congreso por el Ejecutivo con el nombre de “Reforma Magisterial”, el 07 de agosto 2012. Busca unificar las dos leyes de Carrera Pública Magisterial vigentes: (a) la Ley del Profesorado 24029 (diciembre 1984), con su modificatoria, Ley 25212 (mayo 1990); y (b) la Ley 29062 de Carrera Pública Magisterial (julio 2007). Importa advertir que las leyes 25212 y 29062 fueron promulgadas por el primer y segundo Gobierno del APRA, respectivamente. La última se aprobó en plena huelga del SUTEP, en julio del 2007.

(2) Los derechos no cancelados a los docentes son: (a) Bonificación especial por preparación de clases; (b) Asignación por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio; (c) Decreto de urgencia Nº 037-94; (d) Subsidio por luto y gastos de sepelio; (e) Compensación por tiempo de servicio; y (f) Bonificación por Maestría.

(3) El Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep (Conare) fue creado en el 2003, bajo el liderazgo de Robert Huaynalaya. En el 2007, se divide. Para el 2012, el sector mayoritario estaba dirigido por el profesor puneño Efraín Condori y el minoritario por Huaynalaya.

Fuente: http://schiroque.blogspot.com

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