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ministerio publico

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corrupcion

Las entidades de administración pública podrían contar con un agente encubierto con el fin de denunciar actos de corrupción que se cometen en las entidades del Estado.

La introducción de esa figura se coordina con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, indicó la coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Susana Silva.

“Es algo contemplado en la normativa penal para identificar a una persona o una red de corrupción”, comentó la funcionaria. Según agregó, la modalidad de los agentes encubiertos se usa para la investigación en tráfico ilítico de drogas y terrorismo.

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alan

El pedido fue realizado el 16 de abril pasado por el líder aprista.

El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, declaró improcedente el pedido del expresidente Alan García, para que su despacho y la Junta de Fiscales Supremos se pronuncien sobre la actuación de la Comisión Investigadora de la Gestión Presidencial 2006-2011, presidida por el legislador Sergio Tejada.

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colegio emblematico

El fiscal superior Marco Guzmán confirmó el archivo definitivo de la investigación a exfuncionarios del Ministerio de Educación del gobierno aprista y a empresarios vinculados en las presuntas irregularidades en la reconstrucción de los colegios emblemáticos.

Una fuente fiscal señaló a Perú21 que el magistrado Guzmán tomó dicha decisión al no encontrar indicios suficientes de responsabilidad en los investigados, quienes habían sido denunciados por la Procuraduría por el delito de colusión de funcionarios.

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fujimori

La Fiscalía solicitó 10 años de cárcel para la hermana del expresidente Alberto Fujimori, así como para su esposo e hija.

La Segunda Fiscalía Anticorrupción solicitó 10 años de cárcel para Rosa Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori para su esposo, Víctor Aritomi, y para su hija Myriam Aritomi, por el delito de enriquecimiento ilícito.

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estudiantes

El Poder Ejecutivo, a través de un proyecto de ley, propuso la inviolabilidad de los recintos universitarios y sus excepciones, así como las causales de expulsión de alumnos que participan en actos violentos, en busca del fortalecimiento de la autonomía universitaria.

De acuerdo con la iniciativa cursada al Congreso, cuyo texto plantea la modificación de la Ley Universitaria (Ley 23733), los locales universitarios constituyen domicilio institucional, y en consecuencia, son inviolables.

El ingreso de la Policía Nacional y del Ministerio Público está permitido únicamente en caso de flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, por mandato judicial o por solicitud del rector.

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